JRNoticias obtiene demanda federal contra UISD: padres de gemelos con autismo denuncian aislamiento, pérdida educativa y presunto maltrato en United High School
LAREDO, Texas.— JRNoticias obtuvo copia de la demanda federal presentada por los padres de dos hermanos gemelos de 16 años con autismo severo contra el Distrito Escolar Independiente Unido (UISD), United High School y varios funcionarios y empleados del distrito, en un caso que contiene señalamientos particularmente graves sobre el trato y la educación que habrían recibido los adolescentes durante su paso por la preparatoria.
El documento consta de 11 páginas, fue presentado el 22 de septiembre de 2026 ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Texas, División Laredo, y aparece registrado bajo el número 5:26-cv-01690. Los padres, Kristina E. Cruz Barron y Richard Barron, demandan en representación de sus hijos, identificados únicamente por sus iniciales F.B. y S.B., y solicitan un juicio ante jurado.
La demanda nombra a UISD, United High School y a funcionarios o empleados del distrito, entre ellos el superintendente Gerardo Gabriel Cruz, la directora ejecutiva de Educación Especial Laura de los Santos, el director de Educación Especial Francisco Gutiérrez, el subdirector de United High School David de la Rosa, la exdirectora Jessica Salazar y las asistentes María Garza y Kassidy Sweeny.
Los padres sostienen que sus hijos han estudiado en UISD desde pequeños, que ambos son mayormente no verbales y que dependen de dispositivos electrónicos de comunicación aumentativa para expresar necesidades, emociones y pensamientos.
Según el escrito, los jóvenes habían tenido avances académicos y sociales durante la escuela intermedia. Incluso señala que uno de ellos llegó a ser elegido Príncipe de Homecoming en octavo grado. Una antigua maestra habría informado posteriormente a un comité educativo que uno de los gemelos había alcanzado aproximadamente un 95% de control para ir al baño y que ambos habían mostrado progreso académico.
La familia afirma que esa situación cambió profundamente al llegar a United High School.
UN CUARTO SENSORIAL Y MESES DE AISLAMIENTO
Gran parte de la demanda se concentra en lo que presuntamente ocurrió con F.B.
El documento sostiene que el adolescente llegaba tranquilamente a clases y era conducido, empujado o escoltado hacia un pequeño cuarto sensorial, donde permanecía con la puerta cerrada. Cuando intentaba salir, asegura la demanda, era regresado al interior.
Los padres describen ese espacio como apenas más grande que un clóset, sin actividades educativas adecuadas y con algunas cobijas sobre el piso.
La familia sostiene que tiene acceso a más de 100 grabaciones de vigilancia que mostrarían episodios ocurridos durante meses. Medios locales que también revisaron el expediente reportaron que las imágenes presuntamente muestran al estudiante golpeando su cabeza contra el cristal de la puerta mientras observaba desde dentro cómo otros alumnos convivían y realizaban actividades con adultos.
La demanda afirma que durante ese tiempo el adolescente no recibía enseñanza apropiada, permanecía separado de sus compañeros y no participaba en actividades extracurriculares.
También sostiene que no existe evidencia en los videos de que fuera llevado regularmente a desayunar o almorzar, ni de que se le proporcionaran alimentos o agua mientras permanecía aislado.
LE HABRÍAN RETIRADO SU ÚNICA FORMA DE COMUNICACIÓN
Uno de los señalamientos más delicados es que F.B., quien no puede comunicarse verbalmente de manera convencional, utilizaba un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa.
Según la demanda, ese aparato fue retirado y guardado dentro de un clóset.
El escrito sostiene que el dispositivo representaba prácticamente su voz y que, sin él, el joven no podía expresar lo que necesitaba ni explicar lo que estaba experimentando.
La demanda afirma que algo similar ocurrió con el dispositivo de comunicación de su hermano S.B., que también habría terminado guardado.
SIN PANTALONES Y EXPUESTO ANTE OTRAS PERSONAS
El expediente contiene acusaciones todavía más difíciles.
Según los padres, videos muestran a F.B. saliendo del cuarto en varias ocasiones sin pantalones.
La demanda sostiene que asistentes, estudiantes y otros trabajadores podían observarlo mientras era llevado parcialmente desnudo hacia el baño para cambiarle el pañal, y que incluso personas que pasaban frente a la puerta podían verlo por la ventana.
También afirma que, al no contar el pequeño espacio con un baño, en determinadas ocasiones el adolescente se habría quitado la ropa para orinar o defecar sobre cobijas que posteriormente permanecían en el lugar.
El escrito judicial llega a calificar como abuso la exposición del adolescente en esas condiciones. Esa caracterización corresponde a los demandantes y deberá ser evaluada judicialmente.
13 SESIONES DE TERAPIA DEL HABLA
La familia acusa además al distrito de no haber proporcionado diversos servicios educativos contemplados para los estudiantes.
Entre ellos, la demanda señala 13 sesiones de terapia del habla que F.B. habría dejado de recibir entre diciembre y febrero.
También sostiene que se le negó educación física adaptada y que durante largos periodos no existió enseñanza académica real.
El distrito posteriormente habría ofrecido servicios compensatorios y clases durante el programa escolar extendido de verano.
Un detalle que los padres consideran importante es que, durante esa etapa de verano, según la demanda, los maestros no reportaron que los gemelos fueran peligrosos, difíciles de manejar ni que llegaran habitualmente con la ropa sucia, y el periodo transcurrió sin incidentes graves.
EL OTRO HERMANO TAMBIÉN HABRÍA RETROCEDIDO
La demanda sostiene que S.B. también resultó afectado.
Los hermanos son descritos como extremadamente unidos y, según los padres, S.B. observaba la situación de su hermano sin poder intervenir.
El escrito afirma que dejó de mostrar progreso académico, presentaba señales de angustia y también perdió acceso a su dispositivo de comunicación.
Los padres alegan que ambos jóvenes experimentaron ansiedad, depresión, retroceso académico, pérdida de habilidades para ir al baño y cambios de comportamiento.
La familia sostiene que F.B. incluso llegó a mostrarse renuente a regresar a United High School.
ACUSAN QUE ADMINISTRADORES CONOCÍAN LA SITUACIÓN
Otro punto central de la demanda es la acusación de que diversos administradores tenían conocimiento de lo que ocurría.
El escrito sostiene que el propio superintendente Gerardo Gabriel Cruz —a quien la demanda identifica además como familiar de los estudiantes y padrino de al menos uno de ellos— conoció preocupaciones relacionadas con F.B.
Según el documento, la explicación que habría recibido fue que la madre llevaba diariamente al estudiante a la escuela con la ropa sucia, acusación que la madre niega categóricamente.
La demanda cuestiona que, si las autoridades realmente creían que el menor llegaba diariamente en esas condiciones, no se hubiera solicitado una investigación de los Servicios de Protección de Menores ni se hubiera abordado directamente el asunto con los padres.
También sostiene que administradores y docentes entraron en diferentes momentos al salón sin intervenir para modificar la situación.
El escrito afirma incluso que algunas grabaciones fueron enviadas a la Agencia de Educación de Texas y que la Policía Escolar de UISD investigó el asunto. Según los demandantes, la policía escolar habría comunicado a la madre que el trato observado era abusivo. JRNoticias no ha confirmado de manera independiente esa afirmación con la Policía de UISD.
PROMETIERON UN MAESTRO; SEGÚN LA DEMANDA, VOLVIERON A QUEDARSE SIN ÉL
Antes de iniciar el actual ciclo escolar, los comités educativos de los estudiantes habrían acordado que habría un maestro desde el primer día de clases.
La demanda señala que un docente sí llegó inicialmente, pero intentó renunciar ese mismo día. En lugar de perderlo completamente, según el escrito, la administración lo habría transferido a una escuela primaria.
Los padres sostienen que nadie les informó de esa decisión y que sus hijos quedaron nuevamente sin un maestro permanente.
El documento presentado el 22 de septiembre afirma que continuaban en esa situación al momento de presentarse la demanda.
LOS PADRES DICEN QUE AGOTARON SUS OPCIONES
El escrito sostiene que los padres pidieron reuniones, hablaron con administradores y dieron al distrito diferentes oportunidades para corregir la situación.
Finalmente, aseguran, llegaron a la conclusión de que ya no podían confiar en que UISD proporcionara a sus hijos la educación y los servicios que necesitaban.
Los jóvenes se encontraban, según la demanda, a solo aproximadamente dos años de graduarse, aumentando la preocupación familiar sobre si tendrían tiempo suficiente para desarrollar habilidades que les permitieran alcanzar el mayor grado posible de independencia en su vida adulta.
Los padres consideran incluso la posibilidad de tener que mudarse a otra ciudad para encontrar servicios especializados, lo que implicaría buscar nuevos empleos, vender su vivienda, encontrar otro hogar y reconstruir buena parte de su vida familiar.
LAS LEYES FEDERALES INVOCADAS
La demanda sostiene que UISD y los empleados demandados violaron varias protecciones federales para estudiantes con discapacidades.
Entre ellas menciona la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, que garantiza a estudiantes elegibles una educación pública gratuita y apropiada; la Ley para Estadounidenses con Discapacidades; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, que prohíbe discriminación por discapacidad en programas que reciben fondos federales; y una disposición federal sobre violaciones de derechos civiles, el Título 42, Sección 1983.
Los padres sostienen que mantener a un estudiante durante meses en un pequeño cuarto, retirarle su medio de comunicación y no proporcionarle instrucción adecuada no constituye una educación en el ambiente menos restrictivo exigido por las leyes de educación especial.
También alegan privación de derechos civiles, negligencia, agresión, confinamiento indebido y una supuesta conspiración civil. Estas son acusaciones contenidas en la demanda, no conclusiones judiciales.
PIDEN $50 MILLONES Y PROTECCIÓN DE LA EVIDENCIA
La familia solicita aproximadamente 50 millones de dólares en daños, argumentando que los dos adolescentes perdieron un año educativo fundamental y podrían necesitar durante muchos años servicios académicos, conductuales, médicos y psicológicos altamente especializados.
Los demandantes también expresan temor de que puedan desaparecer pruebas y solicitan al tribunal que ordene preservar materiales relacionados con el caso, incluyendo videos de los salones, planes de enseñanza, registros académicos y grabaciones de reuniones de los comités de educación especial.
La demanda solicita además que todas las demás pruebas pertinentes sean protegidas por orden judicial.
UISD: CONOCEMOS LA DEMANDA, PERO NO PODEMOS COMENTAR
United ISD confirmó públicamente que tiene conocimiento del proceso.
El distrito señaló que, al momento de emitir su respuesta, todavía no había sido notificado formalmente de la demanda y agregó que no podía hacer mayores comentarios debido a que se trata de un litigio pendiente.
Hasta ahora, no existe una sentencia que determine que UISD o cualquiera de las personas mencionadas en el expediente hayan cometido las conductas denunciadas.
El proceso apenas comienza.
⚖️ IMPORTANTE: Todo lo descrito como maltrato, abuso, negligencia, conspiración o violaciones de derechos corresponde a alegaciones formuladas por los demandantes en una demanda civil federal. Los señalados tienen derecho a responder, presentar pruebas y defenderse ante el tribunal.
JRNoticias obtuvo y revisó directamente el documento inicial presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, División Laredo.
