Comunicado oficial del gobierno de Laredo sobre el polémico asunto de Gubagreen Property:
Laredo, Tx.- Durante las últimas semanas, se ha hablado mucho en nuestra comunidad sobre una demanda, una ordenanza cerca de una escuela y la decisión del Ayuntamiento de comprar un terreno. Algunas de estas conversaciones han suscitado preguntas válidas.
Para ello, este informe analiza diez preguntas clave sobre cómo se dictó la ordenanza, cómo se aplicó a la propiedad de Gubagreen, el verdadero objeto de la demanda, qué hizo (y qué no hizo) el tribunal, por qué la Ciudad optó por un acuerdo, cuánto se pagó, qué ocurre ahora con la propiedad y qué datos públicos muestran sobre las denuncias de abuso de poder.
¿Por qué la Ciudad creó una zona de amortiguamiento escolar?
Padres, educadores y vecinos han expresado reiteradamente su preocupación por la circulación de vehículos comerciales pesados cerca de las escuelas. Los camiones grandes pueden representar riesgos para la seguridad, generar conflictos de tráfico y afectar la calidad de vida en las zonas escolares. A principios de 2024, el Ayuntamiento tomó medidas para abordar estas preocupaciones.
El 22 de enero de 2024, el Ayuntamiento celebró una audiencia pública sobre una propuesta para restringir el estacionamiento o almacenamiento de ciertos vehículos comerciales grandes a menos de 300 metros de cualquier escuela primaria o secundaria, parque o área de juegos, ya sea pública o privada. El 5 de febrero de 2024, el Consejo aprobó la ordenanza en su lectura final como Ordenanza 2024-O-008.
No se trataba de una propiedad en particular. Se trataba de una norma de seguridad para toda la ciudad, diseñada para mantener la actividad de camiones pesados lejos de las zonas escolares y proteger mejor a los estudiantes, las familias y los vecindarios cercanos.
Cómo evolucionó la zona de amortiguamiento: de 305 metros a 152 metros
Ante la aparición de dudas sobre el proceso y la distancia de la zona de amortiguamiento, la Ciudad decidió perfeccionar la norma y reforzar su fundamento. Se envió una versión revisada de la ordenanza a la Comisión de Planificación y Zonificación (P&Z). El 2 de mayo de 2024, la P&Z celebró una audiencia pública, escuchó al propietario y recomendó por unanimidad la aprobación de una zona de amortiguamiento modificada de 152 metros en lugar de 305 metros. El 5 de agosto de 2024, el Ayuntamiento presentó la ordenanza enmendada tras una audiencia pública. El 19 de agosto de 2024, el Ayuntamiento adoptó la zona de amortiguamiento revisada como Ordenanza 2024-O-112.
La ordenanza se desarrolló y ajustó mediante procesos abiertos, registrados y legalmente reconocidos, lo que refleja nuestro compromiso con la equidad y la transparencia.
Cómo la propiedad de Gubagreen se convirtió en parte de la historia
La zona de amortiguamiento del área escolar se aplica en toda la ciudad a cualquier sitio que cumpla con sus criterios. Uno de esos sitios fue el área industrial de Gubagreen, ubicada cerca de un corredor escolar. Esta aplicación es lo que incorporó la propiedad en la historia.
Desde la perspectiva municipal, la zona de amortiguamiento era una norma de seguridad neutral. Se redactó y aplicó como un estándar de aplicación general vinculado a la distancia de escuelas, parques y áreas de juego, no a un propietario específico. Desde la perspectiva del propietario, la ordenanza limitó significativamente lo que podían hacer con su propiedad, especialmente para estacionamiento y almacenamiento de vehículos comerciales.
Esta diferencia de perspectiva —regulación de seguridad a nivel municipal versus impacto en una propiedad en particular— es lo que dio lugar a la demanda.
Por qué la Ciudad decidió llegar a un acuerdo y qué significa realmente
Cuando se hizo evidente que la Ciudad enfrentaba una exposición significativa bajo la ley de expropiaciones, la postura de la Ciudad cambió de “luchar a toda costa” a “proteger a los contribuyentes y resolver el asunto responsablemente”.
La Ciudad exploró opciones como permutas de terrenos y otras ideas de transferencia. Cada opción se evaluó en función de su defensa legal, el costo para los contribuyentes, la viabilidad operativa y el cumplimiento de la ley estatal. Tras ese análisis, la solución más responsable quedó clara: comprar la propiedad a su valor tasado independientemente.
La Ciudad encargó una tasación independiente de la propiedad y adquirió el terreno por 5,9 millones de dólares, de acuerdo con dicha tasación y los requisitos legales. El caso nunca llegó a juicio. Ningún juez ordenó a la Ciudad comprar la propiedad. El acuerdo fue una resolución negociada, aprobada por el Ayuntamiento.
Algunos comentarios públicos han descrito esto como una “pérdida de 6 millones de dólares”. Esto no es exacto. La cantidad fue de 5.9 millones de dólares, no de 6 millones. La Ciudad no emitió un cheque por daños y perjuicios y se marchó. En cambio, adquirió un activo real en un corredor sensible cerca de una escuela, eliminando así el riesgo de litigio. En otras palabras, la Ciudad convirtió una exposición legal en una propiedad pública tangible que ahora puede planificarse y utilizarse teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el beneficio del vecindario.
¿La Ciudad eludió P&Z o violó la Carta Magna?
Algunas declaraciones recientes han sugerido que la Ciudad “ignoró” a la Comisión de Planificación y Zonificación o infringió las normas locales. El expediente demuestra lo contrario.
El Departamento Legal de la Ciudad determinó que el Ayuntamiento podía actuar directamente sobre la ordenanza de zona de amortiguamiento, bajo su autoridad legislativa. Cuando la demanda planteó dudas sobre ese proceso, la Ciudad añadió una capa adicional de seguridad al enviar la ordenanza enmendada a P&Z.
P&Z celebró una audiencia pública, escuchó al propietario y recomendó por unanimidad la aprobación de la zona de amortiguamiento de 500 pies. El Ayuntamiento adoptó entonces la zona de amortiguamiento enmendada en la lectura final, plenamente informado tanto del litigio como del historial procesal.
Esto es lo opuesto a “evadir el proceso”. Este es un ejemplo del fortalecimiento de los procesos de la Ciudad en respuesta a la preocupación.
Abordando las denuncias de “abuso de poder”
Ningún tribunal ha dictado sentencia que acredite que algún funcionario de la Ciudad haya abusado de poder en este asunto. Ninguna investigación interna ha constatado dicho abuso. No se ha presentado ningún informe administrativo formal alegando que un concejal haya dado instrucciones indebidas al personal en este caso.
Según la Carta de la Ciudad, el Ayuntamiento establece las políticas y el Administrador Municipal y la administración las ejecutan. Si un director de departamento cree que un concejal le está dando órdenes directas que traspasan esa línea, está obligado a informar al Administrador Municipal.
En este asunto, nunca se presentó una denuncia de este tipo. No hay constancia interna de que ningún concejal haya ordenado al personal actuar fuera de la cadena de mando correspondiente. La frase “abuso de poder” aparece en alegatos legales, comentarios de prensa y artículos de opinión, pero no en ninguna constancia o resolución formal de un tribunal, la Ciudad o un organismo de investigación. La gente puede discrepar rotundamente con las decisiones políticas; eso forma parte de una democracia sana. Sin embargo, no hay fundamento fáctico para afirmar que la Ciudad haya sido declarada culpable de “abuso de poder” en este caso.
¿Qué sucede ahora con la propiedad?
Al comprar la propiedad, la Ciudad garantizó que el terreno adyacente a un corredor escolar esté bajo control público, no en un limbo legal. La propiedad puede administrarse teniendo como principios rectores la seguridad estudiantil y la compatibilidad con el vecindario. La actividad de camiones industriales no formará parte de su futuro.
Cualquier actividad en el sitio actualmente es temporal y se centra en ayudar a mejorar la circulación y la seguridad en la zona. Cualquier uso permanente de la propiedad pasará por procesos formales de planificación, incluirá la coordinación con el Distrito Escolar Independiente Unido y se diseñará teniendo en cuenta la seguridad estudiantil y la calidad del vecindario. Aún no se ha determinado el uso permanente. La Ciudad ahora puede planificar la propiedad abiertamente en lugar de continuar litigando por ella.
Un esfuerzo más amplio, no una historia aislada
El caso de Gubagreen forma parte de un esfuerzo mayor de la ciudad para alinear los usos de suelo de alto impacto con las zonas sensibles. Al mismo tiempo, la ciudad también ha estado revisando:
La proximidad de las gasolineras y las instalaciones de almacenamiento de combustible a las escuelas y los vecindarios;
Cómo gestionar el tráfico pesado y los materiales peligrosos cerca de zonas residenciales y campus; y
Cómo desarrollar un enfoque más consistente y a nivel municipal para la seguridad en las zonas escolares.
Ciudades de todo el país hacen lo mismo. Utilizan herramientas como retranqueos, zonas de amortiguamiento y normas de separación para evitar que el uso industrial o de vehículos pesados entre en conflicto con las zonas donde los niños aprenden y juegan. Laredo está haciendo lo que hacen las ciudades responsables: equilibrar la actividad económica.
Al analizar todos los hechos, el expediente demuestra que:
La ordenanza de zona de amortiguamiento se creó y perfeccionó mediante procesos legales, abiertos y registrados, incluyendo una recomendación unánime de P&Z sobre el estándar de 500 pies.
La demanda de Gubagreen planteó serias dudas legales, y la Ciudad respondió reforzando el proceso, no acortándolo.
El caso nunca llegó a juicio, y ningún tribunal ordenó la compra ni emitió una constatación de irregularidades por parte de la Ciudad.
La propiedad se adquirió por 5,9 millones de dólares, con base en una tasación independiente, no como indemnización por daños y perjuicios ni como una “pérdida” de 6 millones de dólares.
La Ciudad convirtió un riesgo de litigio en un activo público cerca de un corredor escolar.
No existe ningún registro interno de que algún concejal diera instrucciones indebidas al personal, ni se ha dictado una constatación formal de “abuso de poder” en este asunto. El Ayuntamiento, como órgano, actuó mediante votaciones formales en cada etapa: la creación de la ordenanza, su perfeccionamiento, la gestión de los litigios y la aprobación de la adquisición basada en el acuerdo.
Es comprensible que los residentes tengan preguntas cuando se enteran de demandas, grandes cantidades de dinero y lenguaje inapropiado en las noticias o en las redes sociales. Parte de nuestra responsabilidad como Ciudad es responder a esas preguntas de forma clara, serena y completa.
En este caso, la trayectoria de la Ciudad se guió por tres principios: proteger a los estudiantes y a los vecindarios, respetar la ley y nuestra Carta Magna, y gestionar el riesgo del contribuyente de forma responsable. Las personas razonables pueden debatir, y lo harán, las decisiones políticas. Eso forma parte de la democracia local. Pero esos debates deben basarse en una comprensión compartida de los hechos.
City Vision in Focus seguirá planteando cuestiones complejas como esta de una manera que respete el derecho de nuestra comunidad a la información y refleje nuestro compromiso con la transparencia, la seguridad y una gobernanza sólida.
