Desafía Texas orden de Corte Suprema

Instala más alambre de púas en puerta 36, pese a autorización legal para que Border Patrol lo corte

A horas de que la Corte Suprema de Estados Unidos concediera al gobierno de Joe Biden cortar el alambre de púas colocado a lo largo de la frontera de Texas, agentes de la Guardia Nacional de Texas reforzaron la puerta del muro fronterizo ubicada en el marcador internacional número 36.

Al ser anulada la orden judicial del Quinto Circuito en Texas, los agentes de la Patrulla Fronteriza podrán cortar o retirar el alambre de púas; sin embargo, el martes los militares texanos continuaron colocando más rollos con el fin de disuadir la migración irregular.

El objetivo de la puerta ubicada en la Iniciativa de Seguridad Fronteriza (BIS) número 36, es permitir a las autoridades estadounidenses el acceso al río Grande, llamado río Bravo del lado mexicano.

Sin embargo, le fue instalado un cerco de aproximadamente 2 metros y medio de altura, al cual se le adaptó una puerta metálica que es manejada por los militares.  

Cuando un grupo de personas migrantes arribó frente al marcador, un agente de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso les dio indicaciones de formarse, para que después rodearan los alambres y comenzara su procesamiento bajo el Título 8.

Otro grupo conformado por niñas, niños, adolescentes y adultos de Venezuela, Colombia y Guatemala, permaneció horas sobre los límites del río Grande en busca de un lugar por dónde atravesar los alambres, mientras eran vigilados por elementos de la Guardia Nacional con armas largas.

José, un migrante venezolano de 38 años de edad, quien llegó el martes a Ciudad Juárez en un camión de pasajeros, desde Monterrey, pidió al Gobierno de Texas que quiten el cerco de púas y le den oportunidad a los migrantes de tener la posibilidad de lograr una mejor vida que la que los obligó a huir de su país.

“Ojalá vea esto el gobernador –Greg Abbott–, que por lo menos tenga compasión, por ahí hay un dicho que por unos pagan todos, pero casi todos no tenemos la culpa de lo que los demás hacen”, dijo Mía, de 12 años, mientras que descendía al cauce internacional junto a su mamá.

Y aunque el temor las hizo detenerse a mitad del río, justo en los límites de México y Estados Unidos, narraron que viajaron desde Venezuela persiguiendo un sueño: el de poner su vida a salvo.

A través de la Operación Lone Star (OLS) o Estrella Solitaria, desde diciembre de 2022 Abbott ha instalado kilómetros de alambre de concertina, vehículos militares y docenas de soldados de la Guardia Nacional en la frontera de El Paso con Ciudad Juárez, con el fin de impedir el cruce irregular de migrantes a Estados Unidos, obligándolos incluso en algunos casos a volver a atravesar las púas para regresar al río y volver a México. 

En el marco de la operación, Abbott ha desplegado policías estatales a lo largo de las 1,200 millas de la frontera entre Texas y México; ordenó a la Policía Estatal arrestar a los inmigrantes sospechosos de invasión; gastó 11 millones de dólares para instalar 70 mil rollos de alambre concertina a lo largo del Río Grande; y gastó 1,500 millones de dólares en aproximadamente una docena de millas de muros fronterizos.

Mientras los migrantes intentaban atravesar el alambre, la Patrulla Fronteriza cortó partes de la barrera para ayudar a los heridos. El fiscal general Ken Paxton presentó una demanda contra el DHS, alegando que agentes federales habían destruido ilegalmente propiedad estatal.

Un juez de una Corte de Distrito de Estados Unidos con sede en Del Río se puso del lado del Gobierno federal y dictaminó que los agentes de la Patrulla Fronteriza no violaron ninguna ley al cortar el cable. La oficina de Paxton apeló y un panel de jueces del Quinto Circuito detuvo el fallo hasta que el caso pasó por el proceso de apelación.

El 12 de enero, miembros de la Guardia Nacional bloquearon el acceso de los agentes fronterizos federales al Río Grande después de que tres migrantes se ahogaron mientras cruzaban el río y otros dos todavía luchaban en el agua, según un expediente judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Estado negó la versión de los hechos de la agencia federal, argumentando que los oficiales mexicanos tenían la situación bajo control, en presentaciones judiciales posteriores.

El lunes, la Corte Suprema anuló la orden del Quinto Circuito después de que la administración Biden enviara una carta de cese y desistimiento a Paxton por bloquear el acceso federal a la frontera. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a los tres magistrados liberales del tribunal para emitir la orden.

“La orden temporal de la Corte Suprema permite a Biden continuar con su esfuerzo ilegal para ayudar a la invasión extranjera de Estados Unidos”, dijo Paxton en un comunicado. “La destrucción de las barreras fronterizas de Texas no ayudará a hacer cumplir la ley ni a mantener seguros a los ciudadanos estadounidenses. Esta lucha no ha terminado y espero defender la soberanía de nuestro estado”.

Grupos de derechos de los inmigrantes han criticado el uso que hacen los funcionarios de Texas del término “invasión” por incitar potencialmente a la violencia contra los hispanos.

Por Hérika Martínez Prado/El Diario

Foto Hérika Martínez/El Diario

Créditos diario.mx

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