Apelan caso del doctor acusado de pornografía infantil

Apelan caso del doctor acusado de pornografía infantil

Juan Rodríguez Laredo, Tx.- El Despacho Jurídico González-Druker se encuentra apelando el caso del doctor Antonio Salinas, quien recientemente se declaró culpable de dos de 36 cargos de pornografía infantil y fue sentenciado a dos años de cárcel, 10 de libertad condicionada y otras obligaciones, entre ellas declararse como delincuente sexual. Tras este acuerdo de

Juan Rodríguez

Laredo, Tx.- El Despacho Jurídico González-Druker se encuentra apelando el caso del doctor Antonio Salinas, quien recientemente se declaró culpable de dos de 36 cargos de pornografía infantil y fue sentenciado a dos años de cárcel, 10 de libertad condicionada y otras obligaciones, entre ellas declararse como delincuente sexual.
Tras este acuerdo de aceptación de culpabilidad entre el ahora convicto y la Fiscalía de Distrito, este caso aún no concluye, pues la sentencia se le hará efectiva, hasta en tanto no se tenga una resolución final de la apelación interpuesta ante la Cuarta Corte de Apelaciones de San Antonio, Texas.
Uriel Druker, abogado defensor de Salinas, asegura que tras la condena a su cliente, existe una grave irregularidad cometida por las autoridades policiacas, por la cual de manera ilegal su cliente fue acusado y procesado penalmente.
Explica el litigante que el día en que el galeno fue arrestado –hace casi 2 años–fue a causa del hallazgo que realizaron empleados de una agencia automotriz Sames Ford de un USB conteniendo material fotográfico en la camioneta de su propiedad, el cual fue extraído por los trabajadores de esa empresa de manera ilegal, sin el consentimiento del doctor Salinas y que después los investigadores hicieron lo mismo, sin orden judicial alguna y en base a estas evidencias obtenidas, se le dio curso al caso que se terminó después en delitos criminales en contra de su cliente.
“Durante este proceso, solicité la supresión de esas evidencias porque fueron obtenidas fuera de la ley, pero fue denegada por la corte, aún cuando plenamente se demostró que no tenían validez incriminatoria”, dijo el penalista.
“Los empleados violaron la ley cuando observaron el contenido del USB sin una orden judicial. Más tarde, la policía obtuvo la orden para analizar el USB después de que ya lo habían hecho. Dicho componente contenía fotos sin video; el video se encontrado más tarde en otros dispositivos que confiscaron con las órdenes judiciales, entonces fueron los empleados de Sames quienes violaron el artículo 33.02 de Texas y la policía hizo una búsqueda antes de tener una orden válida, por eso se está apelando el caso ante un tribunal superior”, añadió Druker.
Y agregó que “En base al artículo 7, capítulo de 33 del Código Penal de Texas, en la sección ´Delitos Informáticos´ y 33.02, en ´Violación de Seguridad Informática´, una persona comete un delito si la persona a sabiendas tiene acceso a un ordenador, red informática o sistema informático sin el consentimiento del propietario, es una ofensa bajo la subsección (a) es un delito menor de Clase B, excepto que el delito es grave de cárcel estatal o si el acusado ha sido condenado previamente dos o más veces de una ofensa bajo este capítulo o si la computadora, red informática o sistema informático es propiedad del gobierno o una instalación de infraestructura crítica”.
Druker agregó que estas evidencias, logradas de manera arbitraria por las autoridades, fueron determinantes para que su cliente tenga que pasar tiempo en la cárcel, porque no representan ningún valor incriminatorio, por lo que se espera la decisión de la Cuarta Corte de Apelaciones, a donde se expusieron lo que considera irregularidades.

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